Aspectos Jurídicos, Religiosos y Sociales

Aspectos legales o jurídicos

La ley colombiana respecto al aborto provocado es concluyente: hay sanción penal para la mujer que se cause un aborto o que permita que otro se lo cause, como también para quien lo realice, aun con consentimiento de la interesada (artículos 343, 344 y 345 del Código Penal). Como vemos, por cada aborto que se practica es lo común que surjan dos delincuentes.

Pese a la claridad de esa disposición, de ordinario carece de vigencia. Ante la política de "dejar hacer", o de indiferencia, que adoptan las autoridades sanitarias y de policía, la ley penal se ha convertido en rey de burlas. En Colombia el aborto inducido es moneda de libre circulación. Excepcionalmente se adelanta un proceso por dicho delito. Si los fallecimientos posaborto ocurridos en los centros hospitalarios del Estado o de la Seguridad Social no dejan tras de sí ningún proceso de carácter penal, menos lo dejan los miles de casos que son atendidos por complicaciones no mortales, pese a existir la certeza de que el aborto fue provocado.



Aspectos religiosos o morales

En Colombia el credo religioso que más adeptos tiene es el católico, apostólico y romano. Según esta doctrina, el aborto es en esencia moralmente malo y, por lo tanto, quien lo practique está expuesto a condigna sanción2. En efecto, el Derecho Canónico3 establece para tal falta la excomunión "latae sententiae", es decir, ipso facto (Canon 1398). No obstante, las mujeres católicas acuden sin escrúpulo al aborto. Por lo menos así lo puso de presente la encuesta adelantada por López-Escobar y colaboradores en 1978: el 96.7 por ciento de las mujeres que habían solicitado y permitido el aborto, se declararon católicas4. Igual que la ley penal, la ley eclesial para este efecto es rey de burlas.


Aspectos sociales

No hay duda que el embarazo indeseado es la causa precipitadora del aborto provocado. Por eso se ha considerado como una enfermedad social. En efecto, el aborto toca y compromete a los distintos estratos sociales, pero los más afectados vienen a ser aquellos de extracción baja, de pobre condición socio-económica.

La mujer que logra ponerse a salvo de un embarazo inesperado, impertinente, nunca se verá expuesta a tener que tomar tan grave determinación. De ahí que siempre se pregone que la medida más lógica para ayudar a combatir el flagelo del aborto sea la profilaxis del embarazo indeseado, haciendo uso de los métodos anticonceptivos o resistiendo a la tentación del acto sexual. Esta última estrategia requiere, a no dudarlo, una templanza admirable. La primera, a su vez, presupone un suficiente nivel cultural de las mujeres, es decir, estar adecuadamente informadas sobre métodos, escoger el más conveniente y usarlo de manera correcta. Lo anterior es posible en los estratos sociales medios y altos, no así en los bajos. Por eso el embarazo indeseado es de más frecuente ocurrencia en la población femenina que compone esa franja social, pues sus integrantes carecen, las más de las veces, de adecuada formación cultural y de mínimos recursos económicos. Frente al conflicto que les genera un embarazo no deseado, la única solución que vislumbran es ponerle fin a él. La falta de dinero para acceder al consultorio de un médico las obliga a ensayar el autoaborto, utilizando recursos insubstanciales o francamente agresivos y letales. Otras veces -lo más frecuente- logran remunerar pobremente a comadronas y a dependientes de droguerías5, que por su ignorancia y atrevimiento también se convierten en sujetos agresivos y letales. Es fácil entender entonces por qué esa población femenina es la que suele ocupar las camas de los hospitales estatales, y también las mesas de autopsia. En contraposición, las mujeres que tuvieron recursos para pagar al de manos enguantadas y segura experiencia, resuelven su problema sin pagar otro tributo distinto al meramente económico.